Cinco comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Murcia) han coincidido en señalar que la medida de la gratuidad de los abonos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia prestados por Renfe supone “un agravio comparativo y una doble discriminación”. Con ello, esas regiones españolas se han sumado a la petición realizada por Confebús en favor de un trato igualitario para todos los modos de transporte público.

Desde la Junta de Andalucía, la consejera Marifrán Carazo ha reclamado la creación de un fondo que compense la situación de desequilibrio que genera la gratuidad de los viajes de Renfe al resto del sector del transporte. En opinión de Carazo, los servicios de transporte de viajeros por carretera “sufren el incremento del coste del combustible y todavía no se han recuperado de la pandemia del Covid-19”, que supuso una drástica bajada del número de viajeros.

Para Confebús, la medida otorga un tratamiento diferenciado a los territorios que tienen ferrocarril sobre los que no lo tienen, además de primar un único modo de transporte que, precisamente, no es el que mayor número de pasajeros transporta. Como consecuencia de ello, las cinco autonomías han remitido diferentes escritos al Gobierno de España para poner en evidencia las “graves consecuencias de este trato desfavorable”, y reclaman una actuación por parte de las autoridades para evitar la asfixia del sector del transporte en autobús. Tanto las cinco comunidades autónomas como Confebús reclaman la necesidad de reflexionar sobre el impacto negativo y que se trate de forma igualitaria a los distintos modos de transporte público.

Para Confebús, la solución pasa por “una actuación por parte de las autoridades para evitar la asfixia del sector del transporte en autobús”. Las cinco comunidades autónomas mencionadas y el sector del autobús representado por la confederación reclaman la necesidad de reflexionar sobre el impacto negativo y que se trate de forma igualitaria a los distintos modos de transporte público.

Además, Confebús ha comunicado que en el proceso de reclamación iniciado hace unas semanas, se han puesto en contacto con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) por “la posible práctica de competencia desleal, al compensar a un operador público con el 100% del coste de servicio”, y ha iniciado gestiones con la Comisión Europea por la posible vulneración de las reglas aplicables a las compensaciones de un servicio público del Reglamento 1370/2007, especialmente al tratarse de un operador público.

Asimismo, la patronal también está en contacto con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), así como con los grupos parlamentarios, los representantes de los trabajadores y los responsables de las autonomías más afectadas por la medida, a quienes ha trasladado la preocupación del sector ante este anuncio y sus graves consecuencias. Sus estimaciones apuntan a que la medida supondrá una pérdida de viajeros del autobús de entre el 17 y el 20%.