La organización mundial de transporte por carretera (IRU) ha hecho un llamamiento para que el transporte profesional quede exento de los esquemas de Regulación de Acceso de Vehículos Urbanos (UVAR o ZBE) existentes y propuestos por las ciudades de todo el mundo. La reclamación está motivada por el hecho de que más de 2.000 ciudades a nivel mundial, con más de 1.000 millones de residentes, ya han implantado o están considerando restricciones de acceso.

Para el secretario general de la organización, Umberto de Pretto, “la habitabilidad y la sostenibilidad de todas las ciudades depende de que los bienes y las personas puedan moverse dentro, alrededor y fuera de las áreas urbanas” y ha añadido que “las restricciones a los vehículos urbanos están atrapando a los vehículos profesionales en sus redes, cuando su verdadero objetivo es a menudo restringir el uso del automóvil”. En consecuencia, “las ciudades deben eximir a los vehículos profesionales de estas reglas”.

Según ha publicado la patronal Confebús, integrada en la IRU, restringir el transporte de pasajeros penaliza el turismo, aumenta la pobreza de la movilidad y limita los esfuerzos para reducir el uso de vehículos privados para descarbonizar la movilidad en su conjunto. Sin embargo, los altos costes de restringir los vehículos profesionales en las ciudades traen importantes beneficios en términos de reducción de emisiones de CO2, contaminación, ruido o congestión.

Según los datos que maneja la IRU, más del 90% de los vehículos en áreas urbanas son vehículos privados, por lo que “las restricciones deben distinguir claramente entre ellos y los vehículos profesionales para ofrecer la mejor solución de coste-beneficio”, señala Umberto de Pretto.

Las ciudades se enfrentan a grandes desafíos en la gestión de la congestión, la contaminación, las emisiones de CO2 y la armonía social al diseñar nuevos espacios urbanos, mejoras de movilidad y funcionalidad económica. Los operadores de transporte por carretera trabajan de manera constructiva con los planificadores de la ciudad, pero a menudo se implementan nuevas reglas sin previo aviso para que los operadores y sus usuarios se adapten, lo que perjudica aún más a las empresas y a las comunidades locales. Por ello, la IRU exige un período de implementación de 10 años para cualquier nueva restricción de acceso de vehículos urbanos, para dar tiempo a las redes de movilidad locales y cadenas de suministro para adaptarse.