Un buen número de las empresas que prestan los servicios de transporte escolar en la Región de Murcia se han sumado al conflicto que mantiene este sector en el País Vasco. Según ha informado el diario La Opinión de Murcia, unos 10.000 alumnos de la Región empezaron el curso sin este servicio, un dato que puede agravarse el lunes 11 con el inicio de las clases en Secundaria y Bachillerato.

Así, el curso ha comenzado con 97 contratos adjudicados y 101 aceptados por las empresas que venían prestando el servicio, por lo que quedan 245 sin compañía concesionaria. En los dos días que se llevan de curso lectivo, solamente se han cubierto 198 de las 433 rutas escolares que utilizan los estudiantes de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y Bachillerato.

Desde la Consejería de Educación de la Región de Murcia aseguran que se ha invitado a los operadores de las rutas sin adjudicar a seguir prestando el servicio con las mismas condiciones que tenían el curso pasado, pero los transportistas se han negado a continuar a partir de este mes de septiembre. Por su parte, los transportistas insisten en rechazar los precios contemplados por la Consejería en el Acuerdo Marco.

En este escenario, ante la negativa de los empresarios, la Consejería ha avisado a los centros escolares para que comuniquen a los padres que no van a tener autobuses disponibles y que deberán hacerse cargo ellos mismos del traslado.

Por su parte, muchas de las empresas que prestan transporte escolar en el País Vasco han mantenido el plante, después de que la Consejería de Educación desestimase sus 39 demandas particulares de medidas cautelares. El conflicto, que ya se produjo el pasado curso y se resolvió la víspera del inicio de las clases, parte del rechazo de los operadores a mantener las rutas por entender que no son rentables mientras no suba el precio que abona el Gobierno Vasco.

En el concurso para este curso sólo se adjudicaron las rutas de Guipúzcoa, por lo que el Gobierno Vasco publicó una orden que obligaba a las empresas que habían sido adjudicatarias anteriormente en Vizcaya y Álava a mantener el servicio, hasta que se adjudicaran las rutas del curso 2023-2024, fijando el precio en los costes del servicio más un 6% de beneficio.

El conflicto coincide, además, con el expediente sancionador incoado por la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) contra 76 empresas de transporte escolar por un posible acuerdo entre ellas para no presentarse a las licitaciones convocadas por el Departamento de Educación del Gobierno vasco para el año escolar 2023-2024. Para la AVC, existen “indicios racionales” de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, respecto de las conductas de 25 entidades en la provincia de Álava, 45 en Vizcaya y seis en Guipúzcoa.