El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que será remitido a las Cortes para su tramitación y aprobación en 2023, cumpliendo así con uno de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) acordado con la Comisión Europea.

Así, tras el visto bueno en segunda lectura, el texto inicia la tramitación parlamentaria para su aprobación y entrada en vigor a lo largo del año que viene, lo que permitirá disponer de una herramienta fundamental para promover la descarbonización y digitalización del transporte, contribuyendo a lucha contra el cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Según ha señalado la ministra Raquel Sánchez en varias intervenciones, disponer de un marco normativo que promueva un sistema de transportes más eficiente y sostenible (movilidad activa, transporte público, flotas cero emisiones) es vital para proteger el medio ambiente y mejorar la calidad del aire. En nuestro país, el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden del transporte, cinco puntos más que la media europea.

Además, la norma regulará soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura, operadores públicos y privados. Esta digitalización y compartir los datos ayudará, entre otras cosas, a abrir nuevas oportunidades de negocios y a mejorar la toma de decisiones de todos los actores del sistema de movilidad.

De esta manera, la futura ley constituirá el marco normativo que permitirá a las políticas públicas de transporte y movilidad de las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.

Para lograr los objetivos y constituir una política de transportes y movilidad que ponga al ciudadano en el centro de la toma de decisiones, se hace imprescindible la cooperación entre las tres administraciones: Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Para ello, la Ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que facilitará esta coordinación, para cuyo desarrollo el Mitma ha solicitado asesoramiento financiado por la Comisión Europea, que está en proceso de ejecución.