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La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) ha solicitado a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, la creación de un nuevo fondo de rescate de 1.100 millones de euros, específico y finalista para las empresas de transporte de viajeros por carretera. Los recursos deben compensar las pérdidas producidas en el periodo comprendido entre julio de 2021 y junio 2022, a causa de la contracción de la demanda provocada por la sexta ola del Covid-19.
Según explica la patronal, el fondo de 1.100 millones de euros, de los que 746 millones serían para compensar los contratos de concesión de líneas interurbanas de ámbito estatal (50 millones) y autonómico (696 millones), además de 80 millones para los servicios discrecionales y 275 para los servicios de transporte urbano.
El presidente de la confederación, Rafael Barbadillo, ha recordado que “el gran desajuste entre la oferta y la demanda no se ha recuperado, poniendo en peligro el futuro de un sector que tiene dos grandes retos por delante que conllevan grandes inversiones, como son la digitalización y la descarbonización, siendo además uno de los pilares de la movilidad sostenible y clave para la industria turística tan importante en el PIB del país”.
Desde Confebús señalan que “cuando las demandas comenzaban a recuperarse a finales del año 2021, con la llegada de la sexta ola de Covid, se volvieron a contraer 10 puntos en todas las especialidades, situándose la caída general en el 30% respecto a 2019”. Actualmente, según afirma la patronal en la carta dirigida a la ministra, “la demanda no se ha recuperado. Los datos publicados por el INE concluyen que, en el segundo semestre de 2021, comparado con el mismo periodo de 2019, el transporte urbano en autobús contrajo su demanda un 26%, el autobús de cercanías un 22%, el de media distancia un 29%, el de larga distancia un 41% y el discrecional más de un 56%”.
Asimismo, en el escrito se recuerda a la Administración “la urgente necesidad de poner en marcha medidas ágiles y de fácil tramitación que sean capaces de paliar la delicada situación por la que atraviesa el sector de transporte en autobús y que permitan a las empresas amortiguar las duras consecuencias de esta crisis, que ahora se ha visto agravada por el incremento del precio de la energía”.
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