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El Ministerio de Hacienda ha remitido a las comunidades autónomas los convenios que regulan la colaboración entre la Administración Central y cada una de ellas para poner en marcha las ayudas directas aprobadas el pasado 12 de marzo para las empresas y los autónomos de los sectores económicos más afectados por la pandemia.
Las comunidades autónomas tienen que firmar estos convenios para disponer de los recursos que a cada una de ellas le corresponden de los 7.000 millones de euros para destinarlos a inyecciones directas al tejido productivo. El Ministerio de Hacienda aprobó una Orden el pasado 25 de marzo con el reparto territorial de las ayudas, con un compartimento para Baleares y Canarias de 2.000 millones de euros; y otro para el resto de autonomías y Ceuta y Melilla, dotado de 5.000 millones.
A esa Orden se suma una segunda, aprobada el 12 de abril, en la que se detallaban los requisitos más técnicos de elegibilidad de los beneficiarios de las ayudas y los criterios para fijar la cuantía de los apoyos directos que recibirán.
Con el Real Decreto-ley, que aún está tramitándose como proyecto de ley, las dos Órdenes Ministeriales y los convenios que las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla ya tienen en su poder, a falta de que los Gobiernos de cada territorio firmen estos últimos documentos, se estaría ya en condiciones de comenzar a desplegar las ayudas directas.
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