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El Gobierno ha aprobado el primer tramo de la línea de avales con un importe máximo de 100.000 millones de euros para empresas en problemas provocados por el coronavirus. Este primer paquete, de 20.000 millones, garantiza hasta el 80% de los préstamos que soliciten las empresas y los autónomos para afrontar el pago de salarios, facturas, circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.
Al menos la mitad de esos 20.000 millones de euros tiene que destinarse a las pymes (las que no alcanzan los 250 trabajadores) y autónomos. Según ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el objetivo de esta medida es “garantizar la liquidez y preservar la actividad productiva y el empleo”.
Esta línea será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en colaboración con las entidades financieras. Todos los países europeos están aprobando iniciativas similares por miedo a que la banca cierre el crédito ante el incremento del riesgo.
Podrán solicitar estos avales las empresas y autónomos afectados por los efectos económicos del Covid-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Los avales tendrán carácter retroactivo y podrán solicitarse para las operaciones formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, que se produjo el pasado día 18 de marzo.
La segunda parte de esta línea de avales está destinada a empresas medianas y grandes y se subdivide en dos partes. Cuando se trate de nuevos créditos, la garantía será de hasta el 70%, y cuando se renueven préstamos que vayan a vencer en los próximos meses, la cobertura pública alcanzará el 60% del importe.
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