La creación del nuevo Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que supone la desaparición del Ministerio de Fomento, y a cuyo frente se va a situar José Luis Ábalos, actual ministro de Fomento y uno de los hombres de máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supone dar una respuesta favorable a una de las grandes demandas históricas del transporte español por carretera.

La inclusión en la denominación del ministerio del término transporte debe servir, o al menos esa es la esperanza del sector, para que esta actividad ocupe un lugar de mayor relevancia en la estrategia del Gobierno. Desde el mundo asociativo español no se ha dejado pasar la ocasión, una y otra vez, para insistir en la consideración de su labor como estratégica para la economía nacional.

Fue en la pasada edición de la Asamblea General de Astic, celebrada en Granada el pasado 14 de junio, cuando la secretaria general de Transporte, María José Rallo, ya avanzó la creación del nuevo Ministerio de Transporte, en cuyo cometido figurará una mayor atención a la movilidad frente a la focalización en el ámbito de la inversión en infraestructuras.

“El cambio de nombre del ministerio no es una cuestión estética, queremos que suponga un cambio cultural en la propia organización del ministerio”, explicaba ya entonces la secretaria general de Transporte, para concretar se trabajaba ya en una estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, que pretende ser una estrategia transversal a diferentes ministerios además del de Transporte, como el de Transición Ecológica, el de Industria y el de Interior. Y que afecta a todas las Administraciones, desde el Estado hasta las autonómicas y locales.

Entre los grandes retos a los que debe enfrentarse el nuevo Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana figura el abordar de forma global los crecientes planes para restringir el acceso con vehículo a las grandes ciudades, los cuales hasta el momento están dependiendo de forma exclusiva de los ayuntamientos para mayor confusión y falta de criterios unificados de cara a los usuarios de las vías, entre los que aparecen de forma preferente los transportistas.