El subdirector general de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático, Eduardo González, ha reconocido públicamente que para alcanzar los niveles de emisiones de CO2 a los que España se ha comprometido a llegar en 2050 -y el hito intermedio en 2030– como firmante del Acuerdo de París será “imprescindible” que “la Administración ponga sobre la mesa incentivos -entendidos como cambios en la política fiscal– para empujar la transición hacia un transporte más limpio”.

El alto funcionario del Ministerio de Transición Ecológica ha subrayado que el Gobierno trabaja en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que verá la luz antes de final de año. Según ha anunciado González, este documento estará “alineado con el Acuerdo de París y el compromiso adquirido por España al firmarlo”.

Un compromiso, por cierto, sumamente ambicioso, pues los firmantes se comprometen a reducir para 2050 un 90% las emisiones de CO2 a la atmósfera. Si tenemos en cuenta que España emite en la actualidad 300 millones de toneladas de dióxido de carbono, la conclusión es bien sencilla: en poco más de tres décadas “tendremos que eliminar los combustibles fósiles y otras fuentes de emisión de gases de efecto invernadero para que nuestros bosques puedan absorber esos 30 millones de toneladas de CO2”.

El mencionado PNIEC que está siendo ultimado por la Administración y que próximamente será sometido a un procedimiento de información pública incluye “medidas disruptivas”, es decir, que van a hacer cambiar las cosas. Uno de esos cambios vendrá aparejado al incremento de la demanda del transporte ferroviario de mercancías, cuya cuota quiere ser incrementada por los responsables del Ministerio de Transición Ecológica desde el menos del 4% actual hasta el 7,5% en 2030.

Otra de las medidas incluidas en el PNIEC contempla que España cuente en apenas 10 años con cinco millones de vehículos eléctricos, un objetivo “ambicioso”, pero que “tenemos que ir empujando”, asegura Eduardo González. Al igual que hay que hacerlo con la meta de que en 2030 las emisiones de CO2 vinculadas al transporte pesado se vean reducidas en un 30%, un campo en el que, según González, “también hay incentivos que seguramente tendremos que intensificar”.