La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha anunciado el comienzo de la tramitación administrativa del nuevo Mapa de Ordenación de Transporte Público de Viajeros por Carretera. Para el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, permitirá “abrir un nuevo horizonte para establecer un nuevo transporte que se adapte a la Castilla y León del siglo XXI, a los cambios poblacionales y a los movimientos de población”.

El nuevo mapa, que deberá estar aprobado en el plazo máximo de un año, es un instrumento básico de la reforma de la red de transporte público interurbano por carretera. Suárez-Quiñones considera que es “muy importante la participación de toda la población, de los municipios y diputaciones para conformar con un amplio consenso social y político un transporte que responda a las necesidades, exigencias y derechos de los castellanos y leoneses”.

El futuro mapa debe servir como instrumento para rediseñar la red pública de transporte de la región, para hacerla más eficiente y coordinarla con las políticas transversales de lucha contra la despoblación y cuyo objetivo será garantizar el derecho a la movilidad de las personas en todo el territorio convirtiendo el nuevo modelo de transporte en instrumento decisivo en la defensa de la igualdad de oportunidades entre los habitantes de las áreas rurales y la ciudad.

Según afirma el consejero, la nueva ordenación permitirá desplegar en Castilla y León un sistema de transporte público de viajeros por carretera “eficiente, seguro, moderno y de calidad, adaptado a las necesidades de movilidad propias de nuestra Comunidad -con más de 6.000 núcleos de población- y que, además, consolide todas aquellas medidas ya aplicadas, especialmente en materia de transporte rural, como el sistema de Transporte a la Demanda o el ‘transporte de uso compartido’ entre el escolar y el regular de uso general, que han convertido a nuestra región en un referente a la hora de dar un servicio público de transporte en ámbitos territoriales de difícil cobertura”.

El marco normativo afrontará una reestructuración integral de las concesiones de transporte público de viajeros por carretera de la comunidad. El objetivo es dar cobertura total de la población con especial atención a las necesidades de movilidad del mundo rural, adaptación a la ordenación territorial de Castilla y León y coordinación con los restantes modos de transporte, mejora de la calidad del servicio y modernización de la flota incorporando vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, elementos tecnológicos relativos al posicionamiento de vehículos en tiempo real, cámaras de seguridad, régimen de financiación eficiente y que garantice la sostenibilidad económico-financiera del servicio público y sostenibilidad medioambiental y reducción de la huella de carbono.