La cifra de usuarios del transporte público urbano ha crecido un 2,5% en 2018, según asegura la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc Movilidad Sostenible), que ha corregido al alza en cinco décimas sus previsiones debido, entre otros motivos, a las restricciones a los vehículos privados que se están acometiendo en diversas ciudades como Madrid. En la capital, el número de viajeros de la EMT, por ejemplo, aumentó en unos 10.000 diarios tras la entrada en vigor de la ordenanza Madrid Central, de acuerdo a los datos ofrecidos por el Ayuntamiento.

Sin embargo, la asociación considera que el crecimiento de viajeros en transporte público no puede depender únicamente de la coyuntura económica y la llegada de turistas, sino que debería obedecer a un flujo constante de usuarios procedentes del vehículo privado, por lo que “son necesarias medidas que desincentiven su uso y reduzcan su presencia en las ciudades”, afirman.

En este sentido, Atuc insiste en la necesidad de potenciar y reforzar el sistema del transporte público para absorber el incremento de la demanda que se producirá por medidas como los cierres al tráfico privado que recoge el anteproyecto de ley contra el cambio climático que, “frente a toda lógica, no ha conferido al transporte público la importancia que merece por su contribución para reducir las emisiones contaminantes que originan los coches y por su papel determinante para aligerar los atascos, que le cuestan a España más de 5.000 millones de euros al año”, señalan sus responsables.

En cualquier caso, Atuc ve margen para que el transporte público alcance los 7,5 millones de usuarios, frente a los 4,5 millones con los que cuenta en la actualidad. “Pero para lograr el necesario cambio modal por el que cada vez más personas aparquen sus coches y usen el transporte público para sus desplazamientos diarios, habría que aumentar las frecuencias de paso y reducir la duración de los trayectos, entre otras medidas”, apuntan.

Para la patronal, “todo ello pasa por aprobar una Ley de Financiación del Transporte Público, cuyo desarrollo será el principal reto del sector de cara al próximo año. Esta ley, de la que España es el único país de Europa que carece, establecería lo que cada nivel de la administración debe aportar a la financiación del sistema y le daría la sostenibilidad que requiere como la principal alternativa al vehículo privado”.