La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) ha participado en la Cumbre del Turismo representando al sector del transporte de viajeros por carretera para solicitar a las administraciones actuaciones inmediatas. Entre los asuntos planteados, el más urgente es la necesidad de acelerar el proceso de vacunación con el objetivo de alcanzar al 70% de la población en el verano, como principal medida para la recuperación de la movilidad y lo que eso implica en la actividad económica en general y en la turística en particular.

Asimismo, se ha reclamado que los conductores del transporte en autobús sean considerados personal prioritario para la vacunación y la creación de un programa de viajes, similar al del Imserso, destinado a fomentar el turismo entre los jóvenes e impulsar de este modo la actividad turística. Además, se ha solicitado también el relanzamiento de la Marca España como destino turístico seguro y sostenible a través de una campaña internacional.

La coordinación entre administraciones, para armonizar en la medida de lo posible los diferentes tipos de restricciones a la movilidad en todo el territorio nacional, es también una de las principales demandas que se han abordado, junto con la inclusión de todo el sector turístico en el Plan de Recuperación y Resiliencia español, para que de este modo pueda ser beneficiario de fondos europeos que ayuden a una de las industrias más duramente golpeadas por la crisis del Covid-19.

Para Confebús, es necesario articular ayudas directas a las empresas para el sostenimiento del sector, así como la ampliación de la moratoria en el pago de los contratos de crédito, renting y leasing de vehículos y exenciones fiscales hasta que pueda retomarse la actividad.

Según las cifras que maneja la patronal, las empresas de transporte de viajeros por carretera han perdido desde que se inició el Estado de Alarma, el pasado 14 de marzo, hasta el 31 de diciembre de 2020 la cantidad de 4.000 millones de euros, y para el primer semestre de 2021 la previsión pérdidas asciende a 2.400 millones de euros. Están en riesgo 30.000 empleos y un tercio de las empresas que conforman el sector.